¿Está tu diputación preparada para el tsunami de la CPH?
La Carrera Profesional Horizontal (CPH) ya no es una opción ni un tema pasajero: es una obligación legal en marcha. Cada diputación debe tener una respuesta clara y una hoja de ruta bien definida. Y no, no basta con tener voluntad política: se necesitan plataformas, procesos y decisiones técnicas.
Porque cuando los empleados públicos empiecen a reclamar su derecho a progresar, ya no servirá de nada decir “estamos en ello”.
Diferencia entre ascenso vertical y ascenso horizontal
Tradicionalmente, la carrera profesional en la administración pública se entendía como un ascenso vertical: cambiar de puesto, asumir nuevas funciones o moverse a otro grupo profesional. Sin embargo, el ascenso horizontal representa un nuevo enfoque. Permite que los empleados públicos avancen profesionalmente y mejoren sus condiciones sin necesidad de cambiar de puesto. El reconocimiento se basa en 3 criterios básicos que son la antigüedad, la formación y la evaluación del desempeño.
Este modelo exige que cada diputación revise sus estructuras y sus procesos. Porque aplicar la CPH sin una base técnica clara es abrir la puerta a conflictos, desigualdades y pérdida de confianza por parte del personal.
La evaluación del desempeño como vía fundamental para la CPH
El Real Decreto-ley 6/2023 lo deja claro: para aplicar la CPH, es obligatorio contar con un sistema de evaluación del desempeño que sea periódico, objetivo y verificable. No se trata de una recomendación, sino de un requisito legal. Aquí es donde muchas diputaciones encuentran su mayor reto. Algunas aún no han empezado; otras han desarrollado modelos, pero sin implantación real. Lo cierto es que sin evaluación del desempeño, la carrera horizontal es inaplicable.
Cada diputación debería hacerse esta pregunta cuanto antes: ¿tenemos ya un modelo aprobado y operativo que nos permita evaluar al personal con garantías?
Tu diputación y la urgencia de la CPH
La norma está en vigor y la presión sindical crece. Los empleados públicos piden claridad, y las administraciones públicas deben responder con algo más que buenas intenciones. Las diputaciones que no se anticipen corren el riesgo de perder el control del proceso y exponerse a conflictos internos, desmotivación o incluso impugnaciones.
Liderar la implantación de la CPH con transparencia, planificación y rigor técnico es una oportunidad. Pero también es una urgencia. Cada diputación debe decidir si quiere estar preparada o si va a esperar a que la ola la arrastre.
